Nada es seguro para quien dicta sentencia, ni siquiera su cargo. Casi el 100% de los jueces en Venezuela ejerce de forma provisional, sin ganar concursos, como lo establece la Carta Magna.
Algo manejado intencionalmente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para manipular a conveniencia los juicios políticos, observó el abogado constitucionalista José Vicente Haro. Toca obedecer órdenes precisas. “El sistema está en uno de los momentos más críticos de su historia”.
Casos de interés público lo demuestran, como el de Puente Llaguno: en 2009, la jueza 4º de juicio de Aragua, Marjorie Calderón, condenó a 30 años de prisión a los comisarios de la extinta Policía Metropolitana (PM) Lázaro Forero, Henry Vivas e Iván Simonovis. El juicio duró más de tres años y el fallecido presidente Chávez hizo hincapié en justicia de forma severa. Luego Calderón fue ascendido a presidenta de la sala de Casación Social del TSJ. “Se les premia por cumplir”.
Caso Aponte Aponte: el expresidente de la sala de Casación Penal del TSJ afirmó luego de su destitución y huida del país, que recibió llamadas telefónicas para designar al juez Rubén Darío Garcilazo Cabello, en el caso de militares conocido como “Paracachitos” en 2004, procesados por presuntamente estar en un complot para asesinar a Chávez. Aponte aseguró que la justicia en Venezuela es de plastilina, modelable por intereses. “Me decían que Chávez estaba muy interesado en el caso. Me llamaron de la misma presidencia. Decían que tenía que sacar eso lo más pronto posible”. También se pronunció sobre Puente Llaguno: “Hay gente que la orden es no soltarla. En el caso de los comisarios la orden viene de la presidencia hacia abajo”.
“El efecto Afiuni”
En ejercicio de sus facultades, la jueza María Lourdes Afiuni, titular del tribunal 31 de control de Caracas, otorgó libertad condicional al empresario Eligio Cedeño, acusado por malversación de dólares preferenciales. Pero Cedeño huyó del país violentando la medida. Chávez ordenó pena máxima expresamente al poder judicial en una cadena nacional transmitida el 11 de diciembre de 2009. “Afiuni nunca tuvo por qué pagar lo que hizo Cedeño”, defendió Haro.
Caso Leopoldo López: el presidente Nicolás Maduro lo llamó “El Monstruo”. Cada vez que podía decía en televisión que tenía que pagar por los 43 muertos en protestas en 2014. Tras un juicio que duró más de un año y más de 600 horas de audiencia, la jueza 28 de Juicio de Caracas, Susana Barreiros, condenó al dirigente opositor a 13 años, nueve meses siete días y 12 horas de prisión en la cárcel de Ramo Verde.
Dos aspectos deben analizarse en este último precedente, agrega Haro. El primero es la violación flagrante de Derechos Humanos. Barreiros violentó al menos cinco derechos: desde defenderse hasta expresarse. No se admitieron más de 60 testigos propuestos por la defensa y evidencias que soportaban la inocencia. El segundo aspecto es la justificación de delitos que no son imputables a López. “Es normal que en juicios políticos, la sentencia sea una copia textual de la acusación de la Fiscalía. Barreiros hizo lo mismo que sus colegas en casos anteriores”.
Con información de El Carabobeño.
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